Después de más de diez años de un gobierno de modales extremos y confrontativos, la opinión pública se muestra harta y las fuerzas políticas que buscan suceder al kirchnerismo procuran tomar distancia de ese estilo. El resultado es una masiva convergencia en el centro del espectro político.
El anuncio del gobernador Urtubey sobre la gratuidad del transporte público colectivo de pasajeros para estudiantes y jubilados de Salta esconde una realidad mucho más profunda y grave: la del lamentable estado del sistema de transporte urbano.
El 25 de mayo de 2013 (no ha pasado siquiera un año) la señora de Kirchner afirmaba que no estaba satisfecha con diez años de kirchnerismo y reclamaba una década más. Y para muchos su deseo sonaba –bueno o malo- como realizable.
En la víspera del día de los Santos Inocentes de 2013 y como quien despide alegremente un duro año electoral, la Corte de Justicia de Salta emitió un contundente pronunciamiento para desautorizar la actuación del Juez de Personas y Familia Nº 2 de la ciudad de Salta, quien había declarado inconstitucional un decreto cuya plena conformidad con la Constitución provincial había sido pronunciada por la propia Corte solo seis meses antes.
La mejor y la más rápida forma de saber cuándo un político carece absolutamente de talento y representa un peligro para sus conciudadanos consiste en descubrir en su discurso frases y referencias propias del mundo militar o del religioso.
A pesar de que la democracia de Salta me ha merecido siempre el menor de los respetos (reservo el mayor para cosas más importantes), de vez en cuando no puedo evitar la tentación de criticar el estilo y el lenguaje de los que protagonizan -afortunadamente, de modo transitorio- la política lugareña.
La prevaricación es, con toda seguridad, la peor falta que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones y la base de la corrupción de cualquier sistema judicial.
Para Daniel Scioli, el Congreso del Partido Justicialista consumado el viernes 9 en Parque Norte es “el comienzo de una nueva etapa”. El entusiasmo del gobernador bonaerense se basa, seguramente, en que la fuerza orgánica sobre la que planea asentar su candidatura presidencial el año próximo sale de esa asamblea suficientemente ensamblada como para afrontar los desafíos electorales que tiene por delante.
La huelga que los trabajadores de la enseñanza pública de Salta iniciaron a finales del pasado mes de marzo ha llegado a su fin. Los huelguistas, reunidos en acalorada asamblea, como a lo largo de todo el conflicto, acordaron por mayoría volver al trabajo, después de la última oferta realizada por el gobierno, que no contemplaba aumentos sobre las cantidades ya concedidas por decreto para todos los trabajadores públicos.
Durante los últimos años, invariablemente y en proporciones siempre creciente, los estudios demoscópicos han destacado que inseguridad e inflación son preocupaciones prioritarias de los argentinos. En los últimos meses esa inquietud trepa a niveles de alarma. En vísperas de un año de elecciones, inclusive muchos políticos que desdeñaban o ninguneaban esas cuestiones se muestran hoy dispuestos a discutirlas y hasta llegan a proponer medidas… tan superficiales y precipitadas como su cambio de actitud.
El Partido Obrero de Salta, la fuerza política que resultó vencedora en las pasadas elecciones legislativas, es, en sí misma, una paradoja. Lo es hasta el extremo de que cuenta con una amplia representación en las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo carece de una mayor influencia sobre las decisiones colectivas.
Con el lanzamiento público del Frente Amplio (la opción panradical acompañada por personalidades y emprendimientos del centroizquierda progresista), el no peronismo ha dado un primer paso (importante si se convierte en marcha sostenida) hacia su meta: beneficiarse en las urnas del fin de ciclo kirchnerista y de la probable división del electorado peronista, encolumnado tras las candidaturas de Sergio Massa y Daniel Scioli.