El anuncio del gobernador Urtubey sobre la gratuidad del transporte público colectivo de pasajeros para estudiantes y jubilados de Salta esconde una realidad mucho más profunda y grave: la del lamentable estado del sistema de transporte urbano.
En la víspera del día de los Santos Inocentes de 2013 y como quien despide alegremente un duro año electoral, la Corte de Justicia de Salta emitió un contundente pronunciamiento para desautorizar la actuación del Juez de Personas y Familia Nº 2 de la ciudad de Salta, quien había declarado inconstitucional un decreto cuya plena conformidad con la Constitución provincial había sido pronunciada por la propia Corte solo seis meses antes.
La mejor y la más rápida forma de saber cuándo un político carece absolutamente de talento y representa un peligro para sus conciudadanos consiste en descubrir en su discurso frases y referencias propias del mundo militar o del religioso.
A pesar de que la democracia de Salta me ha merecido siempre el menor de los respetos (reservo el mayor para cosas más importantes), de vez en cuando no puedo evitar la tentación de criticar el estilo y el lenguaje de los que protagonizan -afortunadamente, de modo transitorio- la política lugareña.
La prevaricación es, con toda seguridad, la peor falta que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones y la base de la corrupción de cualquier sistema judicial.
La huelga que los trabajadores de la enseñanza pública de Salta iniciaron a finales del pasado mes de marzo ha llegado a su fin. Los huelguistas, reunidos en acalorada asamblea, como a lo largo de todo el conflicto, acordaron por mayoría volver al trabajo, después de la última oferta realizada por el gobierno, que no contemplaba aumentos sobre las cantidades ya concedidas por decreto para todos los trabajadores públicos.
El Partido Obrero de Salta, la fuerza política que resultó vencedora en las pasadas elecciones legislativas, es, en sí misma, una paradoja. Lo es hasta el extremo de que cuenta con una amplia representación en las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo carece de una mayor influencia sobre las decisiones colectivas.
Las cambiantes alternativas de un mediático juicio penal que por estos días tiene lugar en Salta han vuelto a poner en el candelero al hombre que sorpresiva y silenciosamente abandonó los primeros planos del gobierno provincial para, de golpe, pasar a integrar la vasta legión de exfuncionarios cobijados bajo el ala generosa del gobernador Urtubey.
Según el Servicio Penitenciario que depende del gobierno de Salta, la llamada 'inclusión social' de las personas que se hallan privadas de su libertad por disposición judicial se consigue a través de la 'asistencia espiritual'.
Según el gobierno provincial, la Subcomisaría San Jorge de Rosario de Lerma cuenta desde ayer con "un moderno patrullero Chevrolet S-10, 0 kilómetro, totalmente equipado".
Sería muy interesante que la próxima vez que el Gobernador de Salta «diserte» en foros de países civilizados se anime a contar a su audiencia que aspira a presidir un país que en poco menos de un siglo ha pasado de ser un modelo de convivencia en la diversidad, admirado en todo el mundo, a ser un país en el que los delincuentes roban a sus víctimas montados a caballo y en el que las muchedumbres desordenadas y confusas se cobran justicia por mano propia en expeditivos ajusticiamientos callejeros.
La imagen del Jefe de Policía de la Provincia de Salta empujando desde atrás a sus subordinados para contener a un piquete de docentes enfurecidos, pero inermes, frente al poder ofensivo de los antidisturbios, se ha ganado a pulso un destacado lugar en la historia de la psicopatología institucional de esta Provincia.