Que Miguel Ángel Isa es un experimentado animal político, no parece ser una duda para nadie.

Con la firma de su presidente, Héctor Martínez, y su secretaria general, Rossana Sángari, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta ha hecho pública una declaración institucional en la que, apelando al repetido argumento de la necesaria imparcialidad de los jueces y de su igualmente necesaria autonomía frente a presiones sociales y mediáticas, desliza peligrosos juicios de valor sobre el rol institucional de la judicatura y sobre la responsabilidad social de los magistrados.

Sirvan estas primeras líneas como sincero agradecimiento público al Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por haberme permitido indagar y reflexionar sobre un tema de rabiosa actualidad, como lo es el de las relaciones entre las emociones y la política.

Por casualidad, hice hoy lo que, para evitar mayores disgustos, nunca suelo hacer: abrir el Boletín Oficial de Salta y leer el Decreto 3688/13 del augusto Gobernador de la Provincia, referido a lo que él y su Secretario General denominan "Asueto Administrativo".

Uno de los rasgos que sin dudas distinguen al sistema político salteño es el amplio consenso entre los diferentes protagonistas de la vida pública lugareña acerca del valor de la llamada 'institucionalidad'.

Mientras viajaba a Calafate, su lugar en el mundo, donde piensa pasar primero el fin de semana y luego la Navidad y el nuevo año lejos del estrés del gobierno, la señora de Kirchner reincidió en uno de sus hábitos favoritos y disparó al espacio digital una andanada de tuits. Entre ellos, uno que apuntaba directamente contra la policía (así, en general) señalada por vía negativa como responsable de “organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror.”

La pregunta -y obviamente, su respuesta- no tiene nada que ver con la legitimidad del señor Urtubey para ejercer el gobierno de Salta. Es decir, no está relacionada ni con la pureza del título jurídico que lo respalda ni con los niveles de obediencia o de aceptación de su ejercicio por parte de los gobernados.

En términos muy generales, se llama "deber de paz" a los compromisos que asumen los sujetos negociadores de un convenio colectivo, o de cualquier otro tipo de acuerdo laboral de alcance general, de abstenerse de plantear acciones colectivas durante el período de vigencia de aquéllos.

En el Antiguo Régimen y la Revolución, Alexis de Tocqueville describe cómo, en Francia, los cambios que adquirirían ímpetu volcánico y arrasador con la Revolución ya habían comenzado a desplegarse, anticipadamente, bajo el régimen que agonizaba.

¿Cuándo se inició el viraje del gobierno K que hoy provoca el desasosiego de sus seguidores, digamos, progresistas?

Cuando los partidos políticos no existen o no aciertan a desempeñar la función para que se supone fueron creados, el que tiene la tarea de gobernar se enfrenta al dilema de convocar para la tarea de gobierno a amigos de su confianza más cercana -generalmente inútiles de solemnidad- o de llamar a personalidades independientes que, por lo general, no comulgan con su credo.

De las características intimistas que la Presidente eligió subrayar para las primeras imágenes de su regreso a la actividad, el 18 de noviembre, se ha escrito mucho ya: la moderación del luto, el perrito chavista, las rosas de Bonafini, el pingüino de peluche, el lenguaje coloquial y el hecho adicional de que quien estaba detrás de las cámaras fuera su propia hija otorgaron al mensaje el formato minimalista de un video familiar. Del relato al cuento infantil. La Presidente buscaba así acortar distancias con una ciudadanía que menos de un mes antes, en una proporción de 7 a 3, había castigado a su gobierno con el voto. Y en buena medida lo consiguió.