La justicia provincial ha decidido poner en libertad -en principio, sin cargos- al menor de 16 años que había sido detenido ayer como principal sospechoso de ser el autor de una agresión a pedradas contra José María García, el hincha de San Lorenzo que aún permanece ingresado con pronóstico grave en un centro sanitario de Salta. La decisión judicial ha provocado una oleada de críticas hacia la actuación de la Policía del gobierno de Urtubey, ya que todo indica que la precipitación con que actuaron en la fallida identificación del presunto agresor obedece al "arpriete" que recibió el Gobernador de la Provincia por parte del conductor televisivo, vicepresidente de San Lorenzo e influyente personaje, señor Marcelo Tinelli.
Según diferentes fuentes consultadas por este medio, el menor detenido abandonó este mediodía el edificio de la Ciudad Judicial de Salta, en donde se hallaba detenido a disposición judicial, en compañía de su padre.
El hombre reiteró que su hijo es totalmente ajeno a los hechos por los que fue detenido y que durante el registro que la Policía efectuó en su casa no fue hallado -como se dijo- ningún elemento incriminador.
Si bien el padre del detenido se mostró satisfecho por la liberación de su hijo, adelantó que exigirá la responsabilidad del Estado por la detención y se mostró seguro de que la misma obedeció a presiones.
La puesta en libertad del joven detenido supone un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Urtubey, ya que después de aparecer ante la sociedad como permeable a las influencias de un poderoso y mediático personaje (capaz de tumbar gobiernos, como ya se ha comprobado) ahora deberá explicar por qué motivo la Policía a su cargo actuó con tanta precipitación y ligereza en un asunto tan delicado.
Juicio a la vista
El grueso error policial se produce en Salta a pocas semanas de que comience en esta ciudad el juicio en el que se juzgará a tres personas por el asesinato y violación de dos turistas francesas, ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo el 15 de julio de 2011.El juicio dará comienzo en un clima de fuerte sospecha de que los acusados -todos, excepto uno- no son los verdaderos responsables de aquel crimen, y que el gobierno de Urtubey, presionado por la repercusión internacional del hecho, "fabricó" a algunos de los culpables del delito.