El gobierno de Salta por fin ha dado señales de que el conflicto que mantiene paralizada la actividad comercial en la ciudad capital no solo es consecuencia del despliegue de saqueadores y delincuentes comunes, sino también producto de la insatisfacción de un sector de la Policía de la Provincia por sus condiciones laborales. En una jornada en la que reinó la confusión, el temor y las informaciones falsas, se echaba en falta una presencia más activa del gobierno provincial, que hasta hace unas pocas horas parecía haber dejado en manos de la Policía la resolución del conflicto.
El anuncio de la convocatoria a una rueda de prensa, a cargo del Gobernador de la Provincia y de sus principales ministros, da a entender algo que es obvio: que el conflicto tiene un profundo calado político y que el gobierno debe salir a dar respuestas políticas a una grave crisis del orden público ciudadano.
Mientras esa decisión iba tomando cuerpo, quien asumió el rol de portavoz del gobierno fue el Jefe de Policía, Marcelo Lami, responsabilizó a los medios de comunicación de la situación de tensión creada en las calles de Salta.
Más allá de algunas informaciones sesgadas y con clara intencionalidad política, lo cierto es que los medios -sobre todos los locales- venían informando acerca de un plante de la Policía, que exige una revisión al alza de sus salarios.
El gobierno, a veces con el argumento de que la Policía no ha abandonado el control de las calles y otras con el silencio, ha venido negando la existencia del conflicto.
Se da por hecho a estas horas que la comparecencia del Gobernador ante la prensa representa una suerte de confirmación de esta situación conflictiva, que amenaza con convertir a Salta en una Provincia sin ley.