La medida excepcional anunciada ayer por el Gobernador de Salta y sus ministros, consistente en aumentar hasta en un 50% la remuneración básica de un agente de policía sin antigüedad, no ha sido bien recibida por los sectores de la fuerza de seguridad que mantienen discrepancias con el gobierno provincial acerca de la cuantía de sus remuneraciones. Tras la rueda de prensa celebrada ayer en la que un cariacontecido Gobernador se mostró en compañía de sus desconcertados ministros, las protestas policiales continuaron como si nada hubiese sucedido y los sectores "rebeldes" marcharon por el centro de la ciudad, sin que estas acciones llegaran a entorpecer el normal cumplimiento de las tareas y misiones policiales.
La "solución" salarial ideada por el Gobernador y sus ministros supone que el Estado deberá ingresar una cantidad superior a la estimada en los presupuestos generales de 2014, para lo cual se recurrirá al aumento de los impuestos; es decir, que los salteños deberán echarse la mano al bolsillo.
La medida no ha sido bien recibida por los empresarios de Salta, a los que el gobierno ha trasladado virtualmente la carga económica del sostenimiento material de la Policía de la Provincia. Los empresarios, quejosos ya de la voracidad fiscal de las diferentes administraciones, ven en el anuncio un freno a sus expectativas de crecimiento.
Mientras tanto, la sombra de una nueva escalada de protestas planea sobre el conflicto y amenaza con extender el virtual estado de excepción en que se encuentra la Provincia, que ayer vio cómo los comercios, colegios y espectáculos públicos cerraban sus puertas ante la amenaza de saqueos violentos.
La situación en Salta puede definirse, echando mano del tópico, como de "tensa calma". El gobierno de Urtubey finalmente ha cedido en su intento de ocultar la realidad y ha reconocido que, como sucede en otras jurisdicciones del país, se enfrenta a un conflicto de intereses de singular gravedad, y que la "normalidad" que había venido pregonando durante estos días no existe.
Donde menos normalidad se percibe es en el seno del propio gobierno, en donde los nervios han tomado el relevo de la molicie habitual de unos funcionarios acostumbrados a pasar por la superficie de los problemas sin animarse a resolverlos.
Ciudadanos y comerciantes no confían ya ni en el gobierno ni en la Policía. Prueba de ello es la gigantesca operación de protección privada que se ha desplegado en las principales zonas comerciales de Salta, que durante los pasados días ha tenido el aspecto de un teatro de operaciones bélico.
El principal portavoz de los intereses de la difusa oposición política publica hoy en sus páginas que durante el pasado ejercicio el Gobernador de Salta gastó de forma discrecional una cifra varias veces millonaria, dando a entender que el conflicto policial no se habría suscitado (y los saqueos no se habrían producido) si el mandatario hubiese destinado aquellas cantidades a atender las reivindicaciones salariales provenientes de la fuerza de seguridad.
La oposición parlamentaria, débil y fragmentaria a pesar del retroceso de los apoyos del oficialismo gobernante en las pasadas elecciones, aún no ha reaccionado. El Partido Obrero de Salta, que en su día condenó el llamado "impuestazo" del intendente Miguel Isa, aún no ha dicho una sola palabra sobre la forma en que Urtubey ha solventado -o pretende solventar- el conflicto surgido en el seno de la Policía.
Mientras todo esto sucede en el cada vez más precario escenario político de Salta, los comerciantes y empresarios afrontan una durísima prueba, justo en el momento en que se produce el pico anual de ventas. La expectativa de una campaña de Navidad con dependientes entre rejas y comercios custodiados por fornidos "Papá Noel" armados con palos no ilusiona a los comerciantes, que ya han anticipado que el conflicto -más allá del aumento tributario- les hará incurrir en graves pérdidas.
Los ciudadanos temen también por su seguridad y la de sus bienes. La posibilidad de que los saqueos violentos se extienden a los barrios y a las casas particulares, como ha sucedido en Tucumán, mantiene en vilo a familias enteras.
Las expectativas de que el conflicto se reconduzca pronto y de una forma satisfactoria no son buenas, al menos si se atiende a la reacción de la gente frente al gesto de impavidez de los ministros Eduardo Sylvester y Alejandro Cornejo D'Andrea, que notoriamente carecen de la experiencia, la madurez, el aplomo y los conocimientos necesarios para enfrentar un conflicto de esta magnitud.