Según parece, las acusaciones lanzadas por los narcotraficantes de Salta contra los sujetos del poder, tienen diferente valor y distinta eficacia probatoria según la vereda política que ocupe el denunciado. Próximamente ocurrirá en Salta un hecho histórico: un exjuez federal será juzgado por cohecho pasivo, por el mismo tribunal que él integró durante varios años.
Se trata del exmagistrado José Antonio Solá Torino, destituido por el Consejo de la Magistratura nacional, encarcelado y sometido a proceso, por supuestas vinculaciones con el entorno de unos narcotraficantes condenados por el tribunal del que formaba parte.
La palabra de los narcos -que ya fue decisiva para privar al juez de su cargo y para someterlo a proceso- será igualmente decisiva a la hora de juzgar la responsabilidad penal del exmagistrado y, eventualmente, a la hora de condenarlo y de enviarlo a la cárcel; a la misma cárcel en donde se alojan, o se alojaban, sus supuestos corruptores.
Mientras esto sucede, la palabra de un expolicía hoy procesado por narcotráfico, que puso en duda la legalidad de los procedimientos del gobierno provincial, tanto en la lucha contra el delito como en lo que respecta a las relaciones con la oposición política, no merece el más mínimo crédito.
Es evidente, pues, que en Salta los narcos son escuchados y creídos solo en la medida en que sus declaraciones no comprometen a los hombres prominentes del gobierno.
¿Diferentes varas de medir?
La respuesta a esta pregunta debe darla el Juez Federal Nº 1 de Salta que tiene la posibilidad de investigar a fondo las denuncias de abuso de poder y espionaje político formuladas por el expolicía Gabriel Giménez contra el exministro Pablo Kosiner y el exsecretario Aldo Rogelio Saravia.
Si el juez renuncia a hacerlo, pondrá en un serio aprieto a los integrantes del tribunal que juzgará a Solá Torino.