La videovigilancia urbana es probablemente una de las herramientas más útiles para esclarecer algunos delitos y para luchar contra fenómenos como el terrorismo. Pero puesta en manos inexpertas, en los lugares equivocados y sin leyes claras que protejan la libertad y la intimidad de los ciudadanos, constituye un verdadero peligro público. Es lo que sucede en Salta, en donde el gobierno de Juan Manuel Urtubey, sin debate previo, sin controles de ninguna naturaleza y en base a la sola voluntad o capricho del Gobernador, ha desplegado más de 1.000 cámaras y las ha puesto en manos de una Policía que no cuenta con experiencia, preparación y tecnología suficiente para poder sacar del sistema todo el provecho que se espera de él.
Tampoco existen en esta Provincia leyes que pongan límites a la intromisión de la vigilancia policial electrónica en la vida cotidiana de los ciudadanos. Al contrario, las recientes reformas legales en materia de procedimiento penal apuntan a dotar a la Policía de más poderes sobre la libertad de las personas, en una Provincia en la que ya por infracciones de ínfima cuantía una persona podía pasar semanas enteras alojada en un calabozo a la espera de que un juez disponga su libertad.
Al peligro que supone el mal uso de la vídeovigilancia se une ahora la denuncia de su ineficiencia o de su inutilidad. Sucedió después de que tomara estado público la noticia del robo de un televisor de 42 pulgadas de un céntrico bar de la ciudad de Salta, ubicado a pocos metros de la sede de la principal entidad bancaria de la Provincia.
El suceso, al parecer, no fue registrado por las cámaras de seguridad desplegadas en el lugar. O si lo fue, quien debía darse cuenta del hecho -sea un humano, sea una máquina- no lo hizo, por lo que a esta hora nada se sabe de quién o quiénes pudieron haber sustraído un aparato de semejante tamaño.
El fracaso de la vídeovigilancia ha vuelto a poner en el candelero al aturdido Ministro de Seguridad del gobierno provincial, Alejandro Cornejo D'Andrea, quien antes de acceder a este cargo, se había encargado de publicitar la faraónica instalación de las cámaras, sin detenerse en ningún momento a reflexionar públicamente sobre su potencial incidencia sobre los derechos de las personas, ni a informar de los pormenores del millonario negocio cerrado por el gobierno de Urtubey con una empresa de telecomunicaciones de capitales mexicanos, a pocos días de que el Gobernador visitara al propietario de la firma en su despacho de la ciudad de México.
Muchos salteños se preguntan ahora si el gasto (unos 60 millones de dólares, a valores de 2011) representa un verdadero avance para la seguridad ciudadana, o si, por el contrario, el dinero está financiando una especie de entretenimiento policial con vídeojuegos, habida cuenta de la nula capacidad del sistema para dar con los autores de un delito cometido a la vista del ojo avizor (pero no tanto) del 'gran hermano' salteño.