El Juez de Garantías de Primera Nominación de la ciudad de Salta, señor Héctor Martínez, ha convocado a una compleja audiencia de partes en el marco del procedimiento judicial abierto tras los incidentes que se produjeron el pasado fin de semana en Cachi en torno a la posesión de un inmueble, cuya propiedad (u otros derechos reales) reclama una comunidad 'originaria' denominada Las Pailas. Según la información suministrada oficialmente hoy por el Poder Judicial de Salta, el juez Martínez ha ordenado la libertad inmediata de las personas detenidas, tras la petición de la Fiscal Penal Nº 4 en tal sentido.
El procedimiento judicial en cuestión se sigue contra miembros de la referida comunidad originaria por la supuesta comisión de los delitos de lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad y daños.
El portavoz judicial de Salta recuerda que a comienzos del mes corriente, un tribunal de Salta prohibió el ingreso a un inmueble denominado Finca San Miguel, pero que el fin de semana pasado alguien intentó instalar una tranquera en el lugar, para impedir el paso de personas hacia las zonas de cultivos.
La tranquera fue la chispa que encendió la mecha del escándalo, ya que "los pailas" consideran que su instalación se ha producido en un "camino comunitario", mientras que el titular registral de las tierras reivindica su derecho a interrumpir el paso.
El asunto derivó en graves disturbios que se saldaron con seis personas detenidas y varios lesionados.
La fiscal del caso ha pedido al juez -y éste ha accedido- la convocatoria de una audiencia con la finalidad de alcanzar un «acuerdo transitorio» (sic) que permita evitar la comisión de actos violentos mientras la cuestión de fondo se decide por las vías legales pertinentes.
Así pues, el señor Martínez ha citado a los representantes legales de los pailas, al supuesto autor del "tranquerazo" y dueño del inmueble, Carlos Alberto Robles, al Secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial, al Director de Personas Jurídicas de la misma administración, al delegado de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno federal, a representantes del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, a los letrados de los anteriores, a la fiscal penal interviniente y a la asesora de incapaces en feria.
Mientras las partes se echan los trastos a la cara en la multitudinaria audiencia, el juez ha establecido la prohibición de innovar hasta que finalice la comparecencia de las partes. Durante la vigencia de esta medida cautelar, la polémica tranquera que desató el violento conflicto deberá permanecer «sin cerrojo y abierta» (sic), lo que ya fue notificado al tranqueador Robles y a sus dependientes.