Mateo Lasala
La Ministra de Derechos Humanos de Salta es una de esas especialistas retrospectivas en la materia. Un gallito kikiriki que habla como una radio y que se ocupa -cuando se ocupa- de violaciones pretéritas de los derechos fundamentales de las personas, pero que de las actuales, de las que suceden a pocos kilómetros de su despacho, ni se entera.
Las reacciones radicalmente moralizadoras de un gobierno que hace tiempo que viene minimizando los escándalos policiales y los agujeros de seguridad solo despiertan sospechas y más sospechas.
Si Montesquieu renaciera de sus cenizas, seguramente volvería a morirse de susto al ver el espectáculo que están brindando a las gradas del gran coliseo de las vanidades algunos miembros del Poder Judicial y del Poder Legislativo de Salta.
Los cadáveres de invierno constituyen un quebradero de cabeza para los forenses que dirige el insigne López Viñals. El año pasado, para estas fechas, una primera autopsia practicada en Salta equivocó en unos 15 días la fecha estimada del deceso de las víctimas, "por no haberse tenido en cuenta oportunamente las bajas temperaturas reinantes".
"Virgencita, virgencita, que se trate de un suicidio". Es la rogativa, ya convertida en letanía, que se escucha por estas horas en los más incensados pasillos y despachos del gobierno de Salta.
En la mañana de hoy, diversos medios de comunicación de la ciudad de Salta han reproducido el texto de la denuncia formulada ante el Ministerio Fiscal por el ciudadano Fernando César Mazzone contra un alto magistrado provincial, al que el denunciante acusa de varios delitos, entre ellos los de abuso de autoridad y violación de deberes.
Cualquier político que bien se precie y desee expresar sus inquietudes en la muy noble y pía ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, no debe, por ningún motivo, visitar el despacho del intendente Marcelo Lara Gros, sino el del Obispo (y tocayo del anterior), monseñor Marcelo Daniel Colombo.
El doctor Santiago Godoy (p) es el autor de una nueva teoría, a caballo entre la onomástica y la sociología política, que afirma que determinados nombres (como los de Alfonsín, Romero o Ragone) no pertenecen a sus respectivas familias sino al pueblo.
Hay determinados días en que los astros se alinean en una constelación fatídica para el gobierno de Salta. Uno de esos días fue ayer, lunes 4 junio, fecha en que sucedieron dos cosas llamativamente contradictorias.
El mandato de los concejales de la ciudad de Salta es tan corto -su vida institucional tan efímera- que cada señor o señora que consigue un pupitre en el Concejo Deliberante desea dejar, en solo dos añitos, una huella en la historia tan profunda como la que dejaron en su momento Alejandro Magno o algunos faraones egipcios, pero a lo largo de toda una vida.
Señor Gobernador: Probablemente, con tanto jaleo en que se ha visto envuelto en los últimos meses, ya no recuerde usted cuando le dijo a todas las salteñas que la violencia contra las mujeres forma parte de nuestro acervo cultural; que era algo así como un rasgo estructural de nuestro carácter.
El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Manuel Godoy, ha entrado, con la misma delicadeza de un proboscidio en una cacharrería, a terciar en la disputa entre los partidarios y detractores del voto electrónico en Salta.